 | Por ANRED - C (redaccion@anred.org) |
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Al menos 80 personas sostienen hoy – turnándose - el Acampe Cultural en contra del cierre de las puertas de la Sala Alberdi, de la privatización macrista del Centro Cultural General San Martín y en apoyo a los/as presos/as culturales que se encuentran encerrados en el edificio oficial resistiendo dentro de la sala el cierre de sus puertas. Reciben del apoyo de una gran cantidad de personas vinculadas al arte y de otros ámbitos que se acercan de manera intermitente a los talleres y actividades que allí realizan. Mantienen la medida con la presencia de unas 49 carpas distribuidas a lo largo y ancho de la conocida como Plaza Seca, que se encuentra frente a las puertas de entrada traseras del centro cultural estatal, sobre la calle Sarmiento al 1551.
Hoy, temprano, alrededor de las 8 de la mañana recibieron la visita de un oficial de justicia en representación del fiscal Ivan Coleff, junto a un abogado y la presencia de un cuantioso contingente de la Policía Metropolitana. Venían a informar a los/as presentes que existe una intimación judicial que exige que desalojen la Sala Alberdi y levanten el Acampe Cultural en un plazo de 72 horas.
“Se presentaron para notificarnos que tenemos una denuncia penal iniciada por el Gobierno de la Ciudad y la Policía Metropolitana donde nos acusan directamente de usurpadores del espacio, a nosotros y la gente que está arriba, dentro de la Sala Alberdi. - relató a ANRed Soledad, integrante del acampe - Nos dan, entonces, un plazo de 72 horas para irnos de la sala como de la plaza pública en la que estamos. La presentación judicial está basada en el artículo 181 del Código Penal que establece la tipificación de "usurpación", como si fuera esto fuera una usurpación de vivienda, por ejemplo. Nosotros dejamos constancia en el acta que, como es de público conocimiento, esto se trata de una protesta. Nosotros no vinimos acá a vivir acá porque no tenemos donde ir y estamos durmiendo en la plaza pública. Esto es una protesta como consecuencia de la acción del ministro de cultura porteño Hernán Lombardi, a partir de la cual decidió cerrar el centro cultural”.
En la causa figuran, entonces, como demandantes, el Gobierno de la Ciudad y la Policía Metropolitana, y es contra el colectivo en general que lleva adelante el acampe, ya que en la intimación por supuesta “usurpación” presentada no figuran nombres particulares ninguno/a de los/as integrantes del Acampe Cultural. Según la presentación judicial ese plazo se cumpliría el próximo jueves a las 9 de la mañana, momento en el cual se supone que representantes de la asamblea del acampe deberían concurrir a las oficinas judiciales correspondientes para ser indagados sobre el hecho y la acusación que pesa sobre ellos. Por el momento, la abogada María del Carmen Verdú - integrante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) – que es quien los asesora se encuentra estudiando la intimación y el pedido de desalojo.
“Nosotros estamos garantizando el espacio público, estamos pidiendo que nos e privatice el centro cultural en general, que no se privatice la Sala Alberdi ni se cierre. Tenemos que quedarnos acá abajo para garantizar la integridad física, no sólo de la sala, sino también de los compañeros que están arriba encerrados. Garantizamos sus derechos humanos: les pasamos comida y agua porque la directiva del Gobierno de la Ciudad es que no podemos ingresar ni siquiera para llevar alimentos.
Con respecto a las medidas que tienen pensado tomar a partir de la situación tensa que instaló el gobierno porteño con esa intimación, Soldedad aseguró: “Nosotros nos organizamos por asambleas, así que debemos discutirlo, pero todo indica que vamos a continuar con festivales, con manifestaciones, vamos a seguir haciendo cortes de avenidas.”
Por lo pronto, por medio de un comunicado dado a conocer hace una horas,convocan a una conferencia de prensa a las 20hs en el mismo lugar donde llevan a cabo el Acampe Cultural para dar un informe del estado de situación del conflicto y de las primeras medidas que van a tomar contra lo que consideran un ataque contra la cultura libre y gratuita y contra el espacio público. Hasta el momento está confirmada la presencia de la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, de María del Carmen Verdú, de CORREPI, y de la familia de Luciano Arruga, además de otras personalidades de la cultura, la política y de la defensa de los derechos humanos.
Un poco de historia...
Soledad hizo un racconto también de los hechos que, por acumulación y falta de respuesta positiva del gobierno de Mauricio Macri, desembocaron en la situación actual. “El conflicto comienza en el 2006 cuando de parte del gobierno que estaba en ese momento (el del ex intendente Aníbal Ibarra) se pide uncrédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para refaccionar el Centro Cultural General San Martín. Y presentaron un proyecto de 3 fases. Ellos cumplieron con la primera y la tercera fase, a través de empresas constructoras. En las tercera fase empiezan a haber ciertas irregularidades.Desaparece el dinero que estaba destinado a esa tercera fase, y que correspondía justamente a la refacción de la Sala Alberdi. Aparte, no se realizaron refacciones en el edificio histórico, sino que más bien tenían que ver con la instalación de nuevos lugares en el edificio.”
De ahí en más, explica, la situación de la sala se fue complicando: “Ahí aparece el conflicto, aparece una orden de traslado de la sala porque ya no estaba el dinero que iba a ser destinado a la refacción de ese sector. El conflicto comienza ahí y se agudiza a partir de fines del 2008 y principios del 2009.Descubrimos con el tiempo que el gobierno de la ciudad tiene negocios ocultos con las empresas constructoras a las que se les destina la plata, pero que luego desaparece y no llega nunca a destino, y no se destina a refacciones del edificio histórico (que fue declarado de esa manera por una resolución de la Legislatura porteña en 2011), que incluyen a la Sala Alberdi. Históricamente la sala estaba destinada a que funcione a la gorra, que tenía que ser un espacio que funcione como una escuela de arte alternativa. Por eso, nosotros reclamamos poder continuar con el legado y la historia del centro cultural, que se creó en el 60’, y no que no sea privatizado, o que se cobre entrada o que haya cursos pagos como sucede en el resto del centro cultural, donde los precios van de los $200 a los $700. Ese es uno de nuestros principales reclamos, que el espacio funcione gratuitamente, como debió haber funcionado siempre, más allá de los intereses particulares de las direcciones del centro cultural como de los gobiernos que vayan pasando.”
Otra cuestión que los afecta especialmente en lo que tiene que ver con la orden de traslado es la relacionada a las características del lugar donde el gobierno macrista les ofrece trasladarse. “Es un espacio en Chacarita, dentro de un barrio privado, es decir, que no tiene entrada propia. La sala tiene capacidad para 100 espectadores, cuando la de la Sala Alberdi es de 250. - explica Soledad - Además, no tiene escenario propio, no cuenta con el equipamiento técnico necesario y ya está funcionando ahí la carrera de Escenografía de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD) que estuvieron en conflicto todo el año pasado porque no les alcanzaba el espacio de la sala. Imaginate cómo se pusieron cuando se enteraron de que aparte de tener poco espacio les quieren sumar los talleres de la Sala Alberdi.”
Contactos:
 sala.alberdi@gmail.com (para dejar adhesiones)
Cel.: 15-6504-7368
Página de La Sala en FB |
en el lugar para hoy a las 20 en donde informarán sobre el estado de situación del reclamo y las medidas a seguir. |
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